Como estudiantes y futuras docentes de educación especial y desde el compromiso que tenemos con el respeto por los derechos humanos queremos manifestarnos, compartiendo algunas reflexiones, pensamientos y sentires con respecto a las decisiones que fue tomando el Estado, vinculadas a la situación actual de las personas con discapacidad.
Nos urge decir que la crueldad como política de Estado no es nueva: es histórica, se repite, y hoy se ejerce con disfrute y sin disimulo. Está en la historia de este país y hoy se ejerce con más descaro, recortando apoyos, cerrando programas, quitando derechos y tratando la vida de las personas con discapacidad como un gasto. Esto no es solo violencia: es el placer de dejar sin medicamentos, es la insensibilización que convierte la exclusión en algo normal, es borrar la memoria de las luchas que conquistaron cada derecho.
El Estado y ciertos discursos convierten los derechos en “privilegios” y atacan la organización popular. Por eso creemos que educar es mostrar que cada recorte es un retroceso en dignidad. Educar es decir que la accesibilidad, los apoyos y la inclusión no son “privilegios”, sino derechos humanos. La educación debe ser un espacio que enseñe a reconocer, cuestionar y frenar estas lógicas.
Porque la crueldad no se combate solo denunciándola, sino creando una cultura de solidaridad y justicia que la desnaturalice. Implica mirar de frente las desigualdades, nombrarlas y actuar para que nadie quede afuera. Significa entender que cada gesto de indiferencia alimenta estas políticas, y que cada acto de empatía, cuidado y resistencia las debilita. Enfrentar la crueldad es elegir, todos los días, ponerse del lado de quienes han sido históricamente relegados, y construir con ellos una sociedad que no tolere la exclusión en ninguna de sus formas.
La crueldad no siempre se presenta de forma visible. Muchas veces se esconde en lo cotidiano: en la rampa que nunca se construye, en el aula que no se adapta, en la mirada que infantiliza, en la palabra que etiqueta. Es una violencia que también opera en lo simbólico, borrando identidades, silenciando voces y reduciendo a las personas a lo que “les falta”. En este sentido, la crueldad se convierte en una pedagogía negativa: enseña que hay vidas que valen menos y que la desigualdad es parte natural del orden social. Por eso, enfrentar estas lógicas requiere visibilizar lo que se intenta ocultar y es importante organizarse para defender derechos y construir, desde cada espacio educativo y comunitario, una cultura donde la dignidad y la diversidad no sean negociables.
En la Argentina de hoy, tener discapacidad o acompañar a una persona con discapacidad significa vivir en alerta constante. No porque la discapacidad sea el problema, sino porque el Estado que debe garantizar DERECHOS se ha convertido en estos momentos en una barrera más, ejecutando políticas que traspasan los límites de la crueldad.
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es un hecho aislado, es una señal clara de que las vidas y las necesidades de las personas con discapacidad no están en la agenda política. Este veto deja a miles de personas y familias expuestas a la falta de recursos, a la interrupción de tratamientos, al recorte de apoyos esenciales y a la profundización de la exclusión.
Se habla de “ajuste económico” como si fuera algo inevitable, pero cuando el ajuste se hace sobre las personas con discapacidad, lo que está en juego no es un número en un presupuesto, sino el acceso a una vida digna. Estamos hablando de medicación que no llega, de transporte inaccesible, de escuelas que no cuentan con apoyos, de hogares que se ven obligados a decidir entre pagar una terapia o comer. No estamos pidiendo privilegios. No estamos pidiendo “ayuda” como un favor. Estamos exigiendo lo que corresponde como derecho: salud, educación, accesibilidad, trabajo, autonomía. No es un favor, es un derecho: la discapacidad no puede esperar.
Estudiantes del Profesorado de Educación Especial
4to año
Cátedra: Derechos Humanos
Instituto Tecnico Superior de Cerrito
